Aprobada la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica
El Gobierno ha aprobado la Ley de Industria y Autonomía Estratégica para modernizar el sector industrial, promover la digitalización y avanzar hacia una producción sostenible con cero emisiones netas en 2050. La normativa fortalece la autonomía estratégica, fomenta la innovación y protege la propiedad industrial, con especial atención a las pymes. Además, impulsa la digitalización de procesos y la coordinación entre administraciones mediante el Consejo Estatal de Política Industrial y la Conferencia Sectorial de Industria y PYME.
Se han establecido medidas de apoyo para industrias intensivas en energía y la simplificación administrativa para atraer inversiones. También se ha transformado SEPIDES en una entidad pública para gestionar fondos industriales.
En un ambicioso movimiento para fortalecer la competitividad y la resiliencia del sector industrial, el Gobierno ha aprobado la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Esta iniciativa, que se enmarca en la apuesta por una economía más moderna, digital y ecológica, pretende aumentar el peso de la industria en la economía española, impulsar el empleo y facilitar la transición hacia procesos productivos sostenibles y de cero emisiones netas para 2050.
La nueva normativa establece el marco regulador para la organización del sector industrial y define los criterios de coordinación entre las administraciones públicas. Con ello, el Gobierno busca no solo consolidar la participación de la industria española en el mercado europeo, sino también garantizar la libre circulación de productos, el respeto a la libertad de establecimiento y la unidad del mercado, elementos esenciales para promover un entorno competitivo y seguro.
La aprobación de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica marca un hito en la política industrial española, al sentar las bases para una transformación profunda y sostenida del sector, con medidas que van desde el fomento de la innovación y la digitalización hasta la garantía de inversiones.
Una estrategia integral para la industria
Entre los objetivos centrales de la Ley destaca la necesidad de promover una mayor autonomía estratégica y resiliencia en la base industrial del país. En este sentido, se contemplan medidas dirigidas a fomentar el talento y la cultura industrial, proteger la propiedad industrial y estimular la adopción de tecnologías e innovaciones, especialmente aquellas relacionadas con la transición ecológica y las tecnologías limpias. Asimismo, se impulsarán proyectos tractores y estratégicos que permitan el crecimiento y la internacionalización de las empresas industriales, con especial atención a las pymes.
La transformación digital es otro pilar fundamental de la ley. Se prevé la digitalización no solo de los procesos productivos, sino también de los servicios e infraestructuras que dan soporte al sector, lo que facilitará la adaptación a los cambios estructurales y la mejora de la competitividad. Todo ello en consonancia con la meta de alcanzar una industria de cero emisiones netas, compaginando la actividad productiva con la protección del medio ambiente y la transición energética.
Gobernanza y coordinación administrativa
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica introduce importantes mecanismos de gobernanza que permitirán coordinar las acciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
- La Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica es el documento que contiene las líneas generales y directrices básicas de la política industrial. Esta estrategia se elaborará tras un proceso de consultas con comunidades autónomas y agentes económicos y sociales.
- El Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica es el instrumento del Gobierno para el desarrollo y consecución de los objetivos de la estrategia. Su vigencia será de tres años. Incluirá programas de mejora de la competitividad industrial, digitalización, innovación, entornos colaborativos, formación y autonomía estratégica.
- Se crea el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) como órgano consultivo, que coordinará las acciones de la AGE en el desarrollo del PIAE. Formarán parte del Consejo los representantes de los departamentos ministeriales que se definan reglamentariamente con rango mínimo de Secretario de Estado o Subsecretario.
- La Conferencia Sectorial de Industria y PYME es el órgano de cooperación entre la AGE y las CCAA en los ámbitos regulados en esta ley.
- El Foro de Alto Nivel de la Industria Española es un órgano colegiado con autonomía funcional que asesorará al MINTUR en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de política industrial y autonomía estratégica. Su composición se determinará mediante orden ministerial y será mixta, integrada por representantes el MINTUR y de los agentes económicos y sociales del sector industrial de ámbito nacional.
Medidas para la modernización y la seguridad industrial
La ley también introduce medidas específicas orientadas a la protección y modernización del sector industrial. Se reconoce, por ejemplo, una especial protección para las industrias intensivas en energía, como las instalaciones eléctricas o de gas. Estas empresas contarán con medidas de apoyo para facilitar la descarbonización de sus procesos y llevar a cabo una transición energética eficaz, debiendo elaborar un plan de eficiencia energética y de transición ecológica a largo plazo.
Otro de los avances es la dotación de una herramienta para acelerar la inversión en grandes proyectos industriales. Esta medida, junto con el apoyo a los ecosistemas industriales estratégicos, permitirá la concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva y la implantación de grupos de trabajo orientados a la simplificación administrativa. Podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de la vigencia del PRTR que tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico.
Transformación de SEPIDES y refuerzo del Plan de Recuperación
En el marco de esta política de impulso industrial, el Consejo de Ministros también aprobó la transformación de SEPIDES en una entidad pública empresarial, bajo el nombre de Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial. Esta transformación responde a la necesidad de optimizar la gestión de los fondos destinados a la promoción y el desarrollo del sector industrial. Con amplia experiencia en el apoyo al sector, SEPIDES se encargará ahora de gestionar las nuevas convocatorias de los PERTE, entre las que destacan la cuarta convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, el Agroalimentario o el de Descarbonización Industrial.
Por otro lado, la segunda fase de la adenda al Plan de Recuperación busca consolidar la reindustrialización estratégica del país mediante la movilización de más de 10.000 millones de euros de transferencias adicionales (7.700 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y más de 2.600 millones de euros del programa REPowerEU), además de hasta 84.000 millones de euros en préstamos.
Con estos recursos, el Plan de Recuperación podrá alcanzar una movilización global de aproximadamente 160.000 millones de euros en transferencias y préstamos durante el periodo 2021-2026, lo que representa más del 12% del PIB. Esta inversión se complementará con otros fondos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que incluyen 36.000 millones de euros de fondos estructurales.
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La nueva Ley marca un antes y un después en el sector industrial, impulsando la modernización, digitalización y sostenibilidad. Además, será clave para acceder a futuras líneas de financiación pública.
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